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La ocupación jurídica del inmueble ocurre cuando la entidad pública
limita el dominio registrando un acto administrativo en el certificado de
tradición y libertad. El ejemplo más común
es cuando declaran la propiedad inmueble como parte de una reserva forestal o
de un parque natural o cuando se requiere el inmueble para la construcción de
una obra pública, por lo que van a iniciar el proceso de adquisición o de
expropiación.
Mucha veces la entidad pública suele declarar la reserva
forestal desde el principio y demoran décadas en iniciar el proceso de
adquisición, lo anterior constituye un perjuicio desproporcionado que no debe las personas soportar por lo que a todas luces es antijurídico.
El medio de control apropiado es la reparación directa y se
debe iniciar a los dos años de ocurrido el hecho. Aunque se pueden intentar
otras vías jurídicas.
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